La búsqueda de dominio absoluto, la infame distribución de la pauta oficial y la complacencia –o complicidad- de la posición hicieron que desde 1983 una misma familia se apoderara de la prensa gráfica de la provincia. Salvo algunas pocas heroicas resistencias, no hay “periodismo en papel” que no pertenezca al gobierno. También, indirectamente, el gobierno ejerce su señorío en la mayoría de los medios audiovisuales, a través de la contratación de avisos oficiales y de los otros. Ahora, el “imperio de medios” de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá anexó dos periódicos más, que también se mantendrán con los impuestos de todos los sanluiseños."Estoy 'egofamilicéntrico' con este proyecto", dijo Alberto Rodríguez Saá a inaugurar sus dos nuevas empresas periodísticas, La Voz del Sud (en Villa Mercedes) y La Opinión (en San Luis). Más allá de la utilización de una palabra que no existe (todo un despropósito para el rico idioma castellano y más atribuible a la carencia de conocimiento de la lengua que a la intención de usar un “neologismo”), el ex gobernador tiene razón: él y su familia concentran todo la prensa escrita en San Luis. Y eso debe ser todo un orgullo.
La realidad actual del periodismo gráfico de la provincia es penosa si se tiene en cuenta la amplia y profunda historia de la prensa de San Luis. Y no hace falta inventar palabras para describirla.
Villa Mercedes tiene abundantes antecedentes históricos de periodismo gráfico. La ciudad nació en 1856 cuando la prensa del interior daba sus primeros pasos en las 13 provincias que por entonces formaban la Confederación. Con decenas de publicaciones que convivían en cada época, se puede decir que la ciudad estuvo “retratada” desde sus inicios y durante casi todo el siglo XX por periódicos, revistas y boletines realizados por los pobladores de la Villa. La Voz del Sud, que nació a principio del siglo pasado, fue uno de los más importantes de la región
Pero los caminos no fueron, precisamente, allanados para la prensa gráfica en los últimos 30 años. Con la desaparición del diario Impulso en 1989 y salvo algunas esporádicas publicaciones, Villa Mercedes dejó de contar con su “propia” información gráfica. Incluso, algunos recuerdan cuando, años antes, la ciudad llegó a tener hasta tres diarios. Actualmente no hay ninguno que se haga y se imprima en la ciudad.
Otro tanto ocurrió en la ciudad de San Luis. El diario La Opinión, fundado el 16 de marzo de 1913, fue comprado por el grupo Payné (de Alberto Rodríguez Saá) a fines de los 90. Unos años antes había pasado algo similar con la Voz del Sud en Villa Mercedes
Tanto el Diario de la República, como La Opinión y La Voz del Sud se sostienen casi exclusivamente con publicidad oficial.
Lo que pasa en el Municipio de Villa Mercedes es un claro ejemplo. “No puedo darte publicidad, se van a enojar los del diario…”, le contestó el intendente Mario Raúl Merlo a un periodista que intentó buscar publicidad para su medio gráfico. “Los del diario…” son, obviamente, las empresas periodísticas de Rodríguez Saá, a las que todo funcionario debe “tributar” como corresponde.
Así, la pauta oficial del gobierno y los municipios que le responden está repartida de una manera infame: el 80% va a las empresas de Rodríguez Saá, el resto lo distribuyen como migajas a más de 70 medios, entre radios, espacios de televisión y algunas páginas web.
Pero al “relanzamiento” de La voz del Sud y La Opinión se agregó hace dos meses otro medio de difusión, también sostenido por los fondos públicos: la Agencia San Luis, un especie de Prensa Gubernamental –que igualmente prosigue- disfrazada de agencia de noticias.
Si a eso se le agrega el Canal Estatal, una radio en la ciudad de San Luis y todos los medios que están “comprados” por la publicidad oficial, el panorama del periodismo en la provincia es casi funesto, no solamente para quienes intentan hacer periodismo independiente del oficialismo, sino también para los lectores y la comunidad. Porque la monopolización de la prensa no solamente coarta la libertad de expresión, sino también la de opinión, impidiendo que se difundan discursos alternativos al poder.
Pero el monopolio no alcanza a abarcar todo, ya que aún en el medio de esta batalla desproporcionada subsisten estoicamente algunos medios dignos de destacar, como el Diario Popular de San Luis, cuyo director, Juan Gómez, es un testimonio de la “supervivencia”. Otros periódicos, como el Otro Diario, de Villa Mercedes, de Javier Cabral; y El Mercedino, de Osmar Poffo, también intentan sobrevivir sin –o en contra- del calorcito oficial.
¿Cómo se compone la mayor empresa periodística de la provincia? Nahuel SA (ex razón social de El Diario de San Luis, comprado a mediados de los ’80 por la familia Rodríguez Saá) y Marzo SA. se fusionaron en 1993 para constituirse en la empresa Payne, firma que posee El Diario de la República, La Opinión, La Voz del Sud y Radio FM Lafinur, como también el taller de impresión y diseño gráfico Payné.
¿Cómo lograron sostenerse y apuntalarse en la provincia? Fundamentalmente por la pauta oficial, es decir, el mismo gobierno que recauda el dinero de los contribuyentes se encarga de distribuir en “pauta oficial” una torta descomunal de dinero para sus propias empresas. Un negocio redondo.
Por eso, el mayor –o único- auspiciante de los medios de la familia Rodríguez Saá es el propio gobierno. ¿Cómo hace? Se contrata a sí mismo licitaciones de obras públicas, edictos judiciales, listados de inscriptos y adjudicatarios a planes de vivienda, llamados a concursos para cargos docentes, todo tipo de campañas publicitarias de cada uno de los ministerios…hasta “solicitadas” que hace pagar a quienes necesitan imperiosamente hacer conocer una información a través de único diario papel que hay en la provincia.
Pero, para completar el panorama, las empresas que se adjudican obras públicas entran en el mismo juego, ya que un decreto 937 del año 93, llamado “Pliego General de Bases y Condiciones de toda Obra Pública”, incorporó como obligación a las empresas constructoras adjudicatarias de la obra pública, anexar en el costo de la obra el 0,5% de publicidad en el diario de mayor circulación en la provincia a criterio de la administración. Es decir, como condición para hacer obras en la provincia deben contratar al mismo diario del gobierno.
La pauta oficial
El gobierno como todos los organismos que dependen de él, tanto municipios como reparticiones provinciales y hasta el mismo Superior Tribunal de Justicia (ver nota:
http://www.sanluisnoticia.com.ar/provincia/2694-la-mejor-defensa-un-buen-negocio.html) hacen una infame distribución de la pauta oficial, ya que el 80% de la “torta” va a parar a los medios que le pertenecen al mismo gobierno.
Esa iniquidad se da, incluso, en el mismo Superior Tribunal de Justicia, organismo que, mediantela Acordada N° 99 del 2 de abril pasado, resolvió la distribución de pautas publicitaras en los medios: Canal 13 y el Diario de la República tienen un contrato de publicidad durante todo 2012 de más de 25 mil pesos mensuales. Mientras, el resto de los medios, entre radios, canales de televisión y páginas web, cobran, en promedio, entre $800 y $1.200 pesos.
Los más cercano en el tiempo a un intento de hacer equitativa la distribución de la pauta publicitaria se presentó en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes.
El martes 20 de mayo de 2010, los concejales de la oposición presentaron un proyecto para la creación de un marco legal que tienda a la distribución “obligatoria y equitativa” de fondos públicos destinados a publicidad oficial en los medios de prensa.
El proyecto propone la creación de un Registro Municipal de Regulación de la Publicidad Oficialque contemple la confección de un Plan Anual de convenios con medios periodísticos, donde se especifiquen los montos y las empresas contratadas.
Los concejales intentaron que el proyecto sea aprobado sobre tablas, pero el oficialismo negó el apoyo y fue enviado a comisión para que tenga un “pronto despacho”. Pese a ese requisito, aún no ha salido de la comisión de Interpretación y Asuntos Legales.
Entre otras descripciones, el proyecto establece cuáles deberían ser los porcentajes para la distribución de las pautas publicitarias:
- 45% para medios y programas radiales.
- 25% para medios gráficos
- 15% para los medios y programas televisivos.
- 10% para portales electrónicos.
- 5% vía pública y espectáculos.
La propuesta había surgido de los bloques Acuerdo Cívico, Mercedinos por el Cambio, Mocomer y UCR. En los considerandos se mencionan los pronunciamientos sobre el tema de instituciones comola Asociación por los Derechos Civiles, Pro-Justicia de la Sociedad Abierta y Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras. Todas coinciden en que el uso discriminatorio de la publicidad oficial funciona como un aparato censurador de la libertad de expresión.
Refieren a antecedentes legislativos en provincias que dieron los primeros pasos para regular y controlar la publicidad oficial, como por ejemplo, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán y Misiones.
“Una normativa local que regule el uso de los fondos públicos destinados a publicidad no solamente otorgará transparencia a la gestión sino que permitiría racionalizar el gasto y hacer más operativa la Dirección Municipal de Prensa”, destaca el proyecto.
El proyecto nunca quiso ser tratado por los concejales del oficialismo, pero tampoco ha sido definido después de diciembre de 2011 cuando la oposición, supuestamente, pasó a ser mayoría.
Mientras no se modifique la distribución de la pauta oficial, el discurso del gobierno seguirá ejerciendo un dominio a voluntad de la opinión pública, al cercenar la posibilidad de aparición y supervivencia de otros diarios que le hagan competencia. Ahora, hay dos periódicos más para engrosar la lista de medios que pertenecen a una misma familia, la que gobierna San Luis desde 1983. El poder continúa así avanzando en la conquista del territorio político, económico e ideológico sin que eso genere el mínimo cuestionamiento. Parió la abuela y todos festejan.
