El concejal Raúl Laborda, siempre autorreferencial, se dedicó en una de las últimas sesiones a despegar su imagen de su tío genocida Guillermo Enrique Bruno Laborda.
 |
| Laborda se puso la gorra y armó su propia lista! |
Para ello creyó que "si son más no se nota", se puso la gorra y elaboró una lista memorando otros que ocuparon cargos en San Luis durante la última dictadura militar. Casualmente pudimos acceder a esa lista de puño y letra de Laborda:
 |
| click en la imagen para ampliar. |
La nota completa:
"CONFESIONES DE UN TENIENTE CORONEL
Mancha venenosa Por primera vez un oficial en actividad
confesó los
crímenes cometidos por órdenes superiores entre 1977 y 1979.
El Ejército
remitió la confesión a la Justicia. Miembro de una conocida
familia de
militares, policías y políticos puntanos, el teniente
coronel Bruno Laborda
está detenido en Campo de Mayo, mientras se decide qué juez
deberá
intervenir.
Por Horacio Verbitsky
El teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda está
detenido en
Campo de Mayo luego de convertirse en el primer oficial en
actividad del
Ejército que confiesa su participación en el asesinato de
prisioneros
indefensos. Los hechos, descritos en insoportable detalle,
ocurrieron en la
Guarnición Militar Córdoba durante los años 1977, 1978 y
1979. La confesión
está contenida en un escrito que presentó el 10 de mayo al
jefe de personal
del Ejército para pedir que se reconsiderara la decisión de
la Junta de
Calificación de Oficiales que lo declaró no apto para
ascender a coronel.
Según Bruno Laborda, los asesinatos clandestinos constituyen
méritos
militares que no fueron tenidos en cuenta al evaluar su
legajo, ya que
fueron ordenados por sus superiores a través de la cadena de
comando y las
ejecuciones se realizaron en presencia de los jefes de la
unidad en la que
él revistaba. Su confesión sólo identifica a los jefes del
Batallón de
Comunicaciones de Comando 141 en el momento de los hechos:
Orlando Oscar
Dopazo y Enrique Aníbal Solari, ambos retirados poco después
con el grado de
teniente coronel. En cambio, no identifica a las víctimas,
entre ellas una
mujer que el día anterior al asesinato había dado a luz.
Tampoco dijo qué
ocurrió con la criatura recién nacida. El relato del militar
dice que cuando
intentó descargar su conciencia con un ministro de su fue
católica, el
sacerdote le dijo que era loable abatir a los enemigos de
Cristo y que "como
soldado de la Iglesia" sería recompensado en el más
allá. Tampoco nombró a
ese sacerdote, aunque los registros eclesiásticos podrían
contribuir a
identificarlo. La confesión muestra el quiebre de la
solidaridad corporativa
y abre nuevas perspectivas para el conocimiento a fondo de
los hechos y el
castigo a los responsables.
Como Scilingo
Tal como hizo en 1995 el ex capitán de la Armada Adolfo
Scilingo,
Bruno afirma que otros oficiales que participaron de hechos
equivalentes
fueron ascendidos. La lectura de la confesión sugiere que
Bruno Laborda
intentó negociar su ascenso, con la sugerencia de que de lo
contrario
revelaría todo. Pero, igual que en el caso de Scilingo,
también hay
descripciones escalofriantes de los crímenes cometidos cuyo
recuerdo, según
la confesión, lo persigue hasta hoy. Como además de oficial
Bruno es
abogado, la transacción está insinuada en forma ambigua.
Pero en vez de
jugar a la mancha venenosa la conducción del Ejército
decidió remitir las
actuaciones a la justicia. El Jefe de Estado Mayor, general
Roberto Bendini,
presentó la denuncia ante la Cámara Federal de la Capital el
jueves pasado.
El sorteo indicó que correspondía entender al juzgado
federal 9. Su titular,
Juan José Galeano, dio vista al fiscal Carlos Stornelli.
Como todos los
hechos denunciados ocurrieron en Córdoba, Stornelli
dictaminará hoy que la
justicia de la Capital no es competente para entender en la
causa. De este
modo, el expediente será remitido a la justicia federal
cordobesa, donde
está pendiente de resolución en la Cámara Federal la
declaración de nulidad
de las leyes de punto final y de obediencia debida. Mientras
se cumplen esos
pasos procesales, Bruno está detenido en Campo de Mayo, no
por los crímenes
que admite haber cometido sino por un arresto de 30 días que
le impuso
Bendini. El motivo: no haber contado lo que sabía en 1995,
cuando el ex jefe
de Estado Mayor Martín Balza dispuso que fuera escuchado en
absoluta reserva
el personal que conociera información sobre personas
detenidas-desaparecidas. Ayer, Bruno fue trasladado al
Hospital Militar para
la realización de peritajes físicos y psíquicos, como si
confesar los
crímenes de la guerra sucia fuera indicio de algún
desequilibrio mental. Por
el contrario, el texto escrito por Bruno Laborda impresiona
por su
coherencia y precisión. Ante la sanción de arresto, Bruno
Laborda dijo que
en 1995 había querido cumplir con el pedido de Balza, pero
que se lo impidió
el entonces comandante del Cuerpo de Ejército III, general,
Máximo Rosendo
Groba. En su escrito, el oficial dice que hace diez años se
le impuso otro
arresto, que no figura en su legajo, y que habría incidido
por vías no
oficiales en la negación del ascenso a coronel. Bendini
ordenó que el
Ejército no avanzara con la investigación, para no
interferir con las
actuaciones judiciales. Sólo ordenó el chequeo de las
fechas, nombres y
destinos mencionados por Bruno Laborda, que coinciden sin
excepciones con la
realidad.
Matar a los hijos
Bruno narra que como cadete participó en la Operación
Independencia en
Tucumán y que egresó del Colegio Militar en diciembre de
1976. "Al
subversivo hay que matarlo, pero no sólo a él, sino también
a sus hijos,
para que no puedan propagarse" era la consigna que
Bruno dice haber
aprendido de "un entonces admirado y recordado oficial
instructor" del
Colegio Militar, a quien no identifica. En 1977, recién
egresado como
subteniente "me tocó intervenir activamente en la
eliminación física de un
guerrillero acusado y condenado -nunca supe por
quién-". Habría participado
en una emboscada a un vehículo militar en la que murió el
cabo 1º Bulacios.
Ese apellido no figura en las recopilaciones sobre bajas
militares
publicadas durante la dictadura. "Con la presencia del
jefe de Batallón, el
entonces teniente coronel Dopazo, la plana mayor, jefes de
compañía y
oficiales, dimos muerte al supuesto asesino y terrorista, en
el campo de la
Guarnición Militar Córdoba en proximidad a "La
Mezquita", lugar que con el
tiempo se convertiría en el cementerio anónimo de la
subversión. Más de
treinta balazos de FAL sirvieron para destrozar el cuerpo de
un hombre que,
arrodillado y con los ojos vendados, escuchó con resignación
las últimas
palabras de nuestro jefe, pidiéndole que encomendara su alma
a Dios." Luego
los oficiales más jóvenes arrojaron el cuerpo a un pozo, lo
quemaron, lo
cubrieron con tierra y disimularon el lugar.
"Patético y angustiante"
En 1978, junto con otro oficial recién egresado a quien
Bruno no
nombra, transportó en una ambulancia a una mujer que el día
anterior había
dado a luz, desde el Hospital Militar Córdoba hasta el campo
de la
guarnición. La mujer había sido "condenada a muerte
debido a su probado
accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del
campeonato mundial de
fútbol". Su traslado "al campo de fusilamiento de
la Guarnición fue lo más
traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación,
el llanto
continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de
aquellos que
presienten su final, sus gritos desesperados implorando que
si realmente
éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar fue
lo más patético,
angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude
olvidar.
Nuevamente, y a órdenes del jefe de la unidad, el entonces
teniente
coronel Solari también todos los oficiales designados,
procedimos a fusilar
a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados,
recibió el
impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su
sangre, a pesar
de la distancia nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de
la quema del
cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la
sepultura disimulada
propia de un animal infectado. Nunca supe el destino del
niño o niña".
"Acto de combate"
También mencionó como "acto de combate", el
asesinato de cuatro
varones detenidos, que personal de inteligencia había
llevado hasta un
camino secundario próximo a la ruta nacional 9, cerca de
Ferreira. "Con la
presencia de nuestro jefe de batallón, la plana mayor y
oficiales
subalternos, procedimos a dar muerte a balazos, por
separado, a los cuatro
condenados subversivos. Era de noche y por las
circunstancias propias de una
ejecución a sangre fría todo fue brutal. Hasta el día de hoy
me parece
escuchar los gritos desgarradores de dolor de uno de ellos
que pedía
desesperadamente ¡¡¡¡¡Mátenme, por favor mátenme!!!! Un
oficial más antiguo
y yo pusimos fin al suplicio de ese hombre, que ni siquiera
sabíamos su
nombre". Luego hicieron ingresar al campo a dos o tres
secciones de
tiradores del batallón, para que dispararan de modo de
simular un
enfrentamiento. Los cuerpos fueron entregados por Bruno
Laborda y otros
efectivos a médicos del Hospital Militar Córdoba. Como en su
momento "fueron
considerados como verdaderos e ineludibles actos del
servicio", que tuvieron
"impacto en la personalidad, el carácter y el prestigio
de cada uno",
merecen una nueva evaluación. Bruno entiende que esos hechos
"enmarcados en
un nuevo contexto" podrían ser el motivo por el cual se
le negó el ascenso,
lo cual violaría el principio de equidad contemplado en los
reglamentos
militares. Esas acciones se produjeron en cumplimiento de lo
que Bruno
Laborda llama "legítimas órdenes y directivas
superiores", cuyo acatamiento
era prueba de "lealtad, obediencia y
profesionalismo".
"Soldado de la Iglesia"
En 1978, Bruno participó en la custodia del centro de prensa
de la
sede cordobesa del campeonato mundial de fútbol. Le tocó
detener a un
muchacho de 19 años que se había hecho pasar por un hincha
de otro país. Le
ordenaron entregarlo al Destacamento de Inteligencia 141
para investigarlo.
Al conocer su identidad advirtió que pertenecía a una
familia conocida de
San Luis y que había actuado por pasión futbolística, pero
ya era tarde.
"Nunca más apareció. Seguramente su cadáver, o lo que
queda de éste, sea hoy
un pedacito más dentro del desolador panorama que
caracteriza a las salinas
riojanas". Consideradas "verdaderas acciones de
combate", que "incrementaban
el prestigio como soldado", ahora "son reconocidas
a la luz del derecho como
aberrantes violaciones a los derechos humanos". Bruno
dice que actuó con
"lealtad, confianza y convencimiento propio de un
soldado", en estos hechos
"macabros", para cuyas consecuencias psicológicas
y jurídicas no estaba
preparado. "Existe la posibilidad de que todos y cada
uno de los cuadros de
oficiales y suboficiales del Ejército hayan participado en
acciones
similares", pero "al no tener la certeza" de
ello, "me encontraría en una
situación de desigualdad ante mis pares". La Comisión
de Comunicaciones de
la Junta de Clasificaciones dijo que Bruno nunca había
tenido un desempeño
destacado. Ante esto, el oficial mencionó las observaciones
favorables
obtenidas en los últimos cinco años y narró que en busca de
"tranquilidad de
conciencia por la ejecución de los hechos narrados",
recurrió al "sacramento
de la confesión de nuestra Iglesia Católica". Entonces
"un ministro de la fe
cristiana calmó mi desasosiego al afirmar que actos como los
confesados, no
sólo era loable el abatir un enemigo de Cristo, sino que ese
desempeño como
soldado de la Iglesia sería recompensado en el futuro".
El teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, de 50
años,
proviene de una familia muy conocida en San Luis, con
especialidad en tareas
represivas, tanto militares como policiales. También hay
políticos en la
familia. Su madre, Elba del Carmen Laborda, se casó con el
oficial de la
Policía Federal Orlando Bruno. Su hermano menor Gustavo
Adrián Bruno Laborda
también es oficial del Ejército. Está en actividad, con el
grado de mayor.
El tío de ambos, coronel Matías Laborda Ibarra, fue
interventor federal en
San Luis durante los gobiernos de facto de los generales
Juan Onganía y
Alejandro Lanusse. En 1973 intentó conservar el cargo por
las urnas, en la
boleta del partido Cívico Independiente de la familia
Alsogaray, pero sólo
obtuvo 400 votos. Sus primos hermanos Juan José y Raúl
Laborda Ibarra son
conocidos políticos puntanos, opositores al gobierno de los
hermanos Adolfo
y Alberto Rodríguez Saá. Juan José fue el autor de la
denuncia por
enriquecimiento ilícito contra los Rodríguez Saá que
investiga la justicia
federal.
Según el teniente coronel Bruno Laborda, en 1979 se
emitieron las
denominadas "Disposiciones finales", que fueron
cumplidas por todos los
jefes y oficiales y por algunos suboficiales de todas las
unidades con
asiento en la ciudad de Córdoba. Consistían en "la
remoción de los cadáveres
enterrados en el campo de la Guarnición Militar
Córdoba". El relato menciona
"el efecto en el alma, en el espíritu y en la psiquis
de todos los que sin
preparación alguna para este tipo de tareas, recogíamos
durante días enteros
los desechos de hombres y mujeres y que con la participación
de personal
especializado y maquinarias del Batallón de Ingenieros en
Construcciones
141, se procedía a compactarlos en recipientes para luego esparcir
estos, en
minúsculos pedazos, en una salina próxima a la ciudad de La
Rioja". Sobre la
ruta nacional 38, en la localidad cordobesa de Serrezuela,
hay un polígono
de tiro del Ejército, a 3 km del límite con La Rioja. A cada
lado del límite
hay un puesto de las respectivas policías. Las Salinas
Grandes comienzan en
Córdoba y se extienden por La Rioja y Catamarca. La falsa
quema de la
pólvora que durante la presidencia de Carlos Menem se envió
a Croacia se
hizo constar como ocurrida en ese polígono.
Diez años después de su pase a retiro, el coronel Enrique
Aníbal
Solari, a quien la penuria imaginativa ambiente bautizó
"El Indio", integró
la Comisión de Defensa que Carlos Menem creó en cuanto
obtuvo la candidatura
presidencial de su partido. La coordinaba Carlos Cañón Naval
y otro de sus
integrantes era el coronel José Meritello, suegro del actual
ministro
Gustavo Beliz. Una vez que lo traicionaron Mohamed Alí
Seineldín reveló que
Solari, el político peronista Humberto Romero y el general
Pablo Skalany
fueron los testigos y garantes del acuerdo que celebró en la
primera semana
de mayo de 1989 con el general Isidro Bonifacio Cáceres,
encargado de
reprimir su alzamiento en Villa Martelli. Por ese pacto,
Cáceres fue
designado Jefe de Estado Mayor del Ejército, Skalany
director general de
Fabricaciones Militares, Romero secretario de Defensa y
Solari su asesor."
 |
| Tanquecito Laborda |
Qué tal la parentela del demócrata Raúl!
.JPG)
